Por Gerardo Burton
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NEUQUÉN.- A mediados de agosto, luego de realizarse las PASO, la Legislatura de la provincia discutirá el decreto mediante el cual el gobernador Jorge Sapag aprobó el acuerdo firmado por su ministro de Energía Guillermo Coco con la empresa YPF. El acuerdo significa el inicio formal y quizás generalizado de la actividad de exploración y explotación no convencional en un yacimiento de 395 kilómetros cuadrados creado ad hoc con una porción de Loma La Lata Norte y otra de Loma Campana. La mayor parte de la superficie es escindida del primero de los yacimientos, un total de 375 kilómetros cuadrados.
El documento, que ya levantó la polvareda de la oposición sistematizada a la explotación de los recursos, sirve para cumplir las formalidades jurídicas: Neuquén –como las demás provincias productoras- tiene la propiedad del subsuelo en virtud del artículo 124 de la Constitución nacional reformada en 1994 y de la ley corta -26197- sancionada durante la presidencia de Néstor Kirchner. Durante las negociaciones en Buenos Aires, Sapag les recordó tanto a Miguel Galuccio –presidente de YPF- como a los funcionarios nacionales cuál era el mandato constitucional, según comentó Héctor Mauriño en el diario “Río Negro” el 28 de julio pasado.
El acuerdo se logró en un contexto de caída hasta el momento irreversible de las reservas y la producción, un proceso iniciado a mediados de la década de 1990 con la sobre explotación de los yacimientos y el retiro abrupto de todas las compañías, incluida Repsol-YPF, de los proyectos exploratorios. Inclusive, en ese lapso la comercialización de los hidrocarburos –en crudo y en derivados- se dirigió al comercio externo, algo que se verificó con el tendido de oleoductos y gasoductos a Chile en el norte, en Mendoza y en Neuquén.
La recuperación de la actividad económica y el aumento del consumo en el país desde 2003, acentuados a partir de 2010, generaron un incremento exponencial de la demanda de hidrocarburos, que se subsanó con la importación. En divisas, el crecimiento de la importación de hidrocarburos fue de nueve mil millones de dólares en 2009, y se calcula que rondará los 13 mil millones de dólares este año, con el consiguiente impacto sobre la balanza comercial.
Para el caso neuquino, la situación no es mejor: las reservas y la producción en sus yacimientos sufrieron una caída indetenible, apenas atenuada desde el año pasado, cuando el gobierno nacional lanzó el programa de soberanía energética y expropió el 51 por ciento del paquete accionario de YPF. Además, hay un desequilibrio –y una inequidad- en el precio del gas en boca de pozo, notablemente inferior al de importación pese a los reclamos de los sucesivos gobiernos del Movimiento Popular Neuquino. En efecto, las regalías hidrocarburíferas que, hace 15 años superaban el 60 por ciento de los ingresos provinciales anuales, en la actualidad no llegan a ser el tercio de esos recursos.
La madurez de los yacimientos convencionales y la potencialidad de no convencionales en la Cuenca Neuquina, alentaron a finales de 2011 la primera experiencia en formaciones profundas en Aguada del Chañar, en una asociación entre YPF y la provincial Gas y Petróleo del Neuquén (G&P). La clave para continuar la exploración y el desarrollo de estos emprendimientos era la inversión y la tecnología, cuestiones que, con el nuevo régimen de promoción para la explotación de hidrocarburos –decreto nacional 929/13- el gobierno nacional procura resolver. Es que la Argentina, un país con petróleo y no un país petrolero, se convirtió en los años noventa en nación exportadora de hidrocarburos. Hoy, al contrario, no puede satisfacer la demanda interna, por lo cual el principal objetivo a mediano plazo es el autoabastecimiento.
En ese contexto, YPF quedó habilitada para firmar un acuerdo con la firma Chevron con una inversión de 1.240 millones de dólares por parte de la firma norteamericana. Perforará 1.500 pozos y se estima que podrá alcanzar una producción diaria de 50 mil barriles de petróleo y tres millones de metros cúbicos de gas natural asociado. Esto equivaldría a aproximadamente el 25 por ciento del crudo y el 10 por ciento del gas natural que actualmente produce YPF.
Es el desarrollo piloto de una nueva política para el sector, y por eso se eligió una pequeña zona para producir y medir la respuesta del yacimiento. En paralelo, se ensaya un nuevo modelo de alicientes a la inversión privada para atraer capitales y tecnología. Éste es el primer caso en el que YPF logra atraer, para concretar un acuerdo por escrito, a una firma extranjera dispuesta a invertir en este proceso.
El área escindida de ambos yacimientos -Loma La Lata Norte y Loma Campana-, desde donde se accederá a la formación Vaca Muerta, ubicada a más de dos mil metros bajo la superficie, se denomina ahora Enrique Mosconi, según el convenio que YPF firmó con la estadounidense Chevron. No está de más recordar que las provincias productoras son accionistas de YPF, y que Neuquén tiene la mayor porción de ese paquete, un 10,5 por ciento del 51 por ciento expropiado el año pasado.
Oficialmente, en el gobierno saludan que se constituya en Neuquén la primera factoría de extracción de petróleo no convencional en América Latina, en un plan que se desarrollará en tres etapas: la primera consiste en una prueba piloto de carácter estratégico sobre una fracción de 20 kilómetros cuadrados, se realizará con la inversión comprometida de 1.240 millones de dólares y perforará unos 115 pozos en el lapso de un año y medio.
En la segunda fase, YPF y Chevron comprometen la inversión de nueve mil millones de dólares en un período que abarca hasta 2018 y durante el cual se perforarán unos 900 pozos. Y en la tercera, la inversión habrá llegado a los 16.500 millones de dólares de inversión con un total de 1.650 pozos perforados en 15 años. Para habilitar la realización del proyecto, el Estado neuquino extendió la concesión de las áreas en cuestión por el término de 22 años a partir de su vencimiento –Loma La Lata vence en 2027 y Loma Campana en 2026-, con lo cual la nueva área está concesionada hasta 2048.
El acuerdo generará ingresos del orden de los 11 mil millones de dólares en regalías y otros tributos para la provincia, y una cifra similar en concepto de Impuesto a las Ganancias para el Tesoro nacional. Además, implica la creación de unos doce mil puestos de trabajo y logrará incrementar la producción de petróleo en un 70 por ciento. En forma complementaria, se fortalecerá la infraestructura de las localidades involucradas en el desarrollo de este proyecto (Añelo, Cutral Co, Plaza Huincul, Zapala, Rincón de los Sauces). Además hay un plan de obra pública que la provincia acordó con la Nación del orden de los mil millones de pesos de inversión.
En el gobierno neuquino confían que, con los diputados propios y sus aliados, y el apoyo de los legisladores kirchneristas, lograrán un veloz trámite para aprobar el decreto que avala el acuerdo con YPF, toda vez que interpretan como “segunda oportunidad histórica” la explotación de no convencionales –petróleo en esquistos y gas en arenas compactas-, algo que permitirá una reformulación del Estado y la sociedad neuquinos. Y quizás se abra el camino a una nueva elección para los actuales mandatarios gubernamentales. Al menos con eso especulan, aunque no a viva voz. Para Neuquén, en síntesis, es nuevamente discutir la aplicación de la renta petrolera, como una reedición de lo ocurrido a partir de los gobiernos del MPN, a poco de producida la provincialización. Desde el punto de vista nacional, este nuevo régimen jurídico para las inversiones recuerda el “nacionalismo de fines”, proclamado en 1955 por diputados peronistas que defendían los acuerdos que se impulsaban entonces con la California Standard Oil, un antecedente de la actual Chevron.
Pero aun cuando se logre la aprobación del convenio, quedarán pendientes dos discusiones no menores, eludidas durante todo el proceso de negociación, sea extra o intraprovincial: en primer lugar, el manejo del recurso hídrico y el impacto de la contaminación, que el gobernador Sapag confía en que esté saldado con las nuevas normas de control y regulación ambiental –una ley de aumento de sanciones y un decreto por el uso del agua-. El segundo punto es la relación con las comunidades mapuches, con quienes no hay establecida una relación ni una discusión respecto de la explotación en las tierras que ocupan y que institucionalmente –a través de la Confederación Mapuche y otras organizaciones similares- anticiparon su rechazo a la explotación no convencional, en una postura similar a la que expresaron con relación a la megaminería.
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